Mujeres indígenas exigen un alto a la persecución y criminalización de sus comunidades. Karen Arita / Oxfam en Honduras

¿Aplicará Honduras las recomendaciones del Relator de Derechos Humanos?

La impunidad, la falta de participación activa y la colusión entre poderosos intereses, son ingredientes mortíferos que han convertido a Honduras en un lugar peligroso para los defensores de los derechos humanos.
- Michel Forst, Relator de la ONU sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos 

Tras una misión de 10 días, solicitada por el Gobierno de Honduras, el experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encargó de generar un informe preliminar donde califica como “escalofriante” la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el país. Sus afirmaciones son contundentes, citando ejemplos como campañas de descrédito contra este grupo, amenazas por parte de empresas extractivas, la estigmatización y la difamación entre otros mecanismos de intimidación.

Considerando la ausencia de Consentimiento Libre, Previo e informado (CLPI) como una de las causas principales de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y como un factor de riesgo al privarles de sus tierras y de los recursos naturales, Michel Forst exhorta al gobierno de Honduras a seguir las recomendaciones de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Al referirse al marco legislativo e institucional, el Relator Forst recuerda en su informe que Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, ante ello, es urgente que el Estado adopte regulaciones nacionales para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas a la CLPI. Asimismo, subraya la importancia de que dicho proceso se lleve a cabo en consulta con la más amplia gama de organizaciones representativas de los pueblos indígenas. 

Uno de los aspectos más relevantes que el Relator Forst revela en su informe son los obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a información sobre los llamados proyectos de desarrollo. Del mismo modo, puso en relieve las estrategias establecidas por las empresas en conveniencia con las autoridades locales para dividir a las comunidades, tratando de conseguir la aceptación de las mismas y lo que potencialmente puede conducir a la destrucción del tejido social. Externó, además, su preocupación por la participación de empresas e inversionistas internacionales que llevan a los tribunales a defensores y defensoras de derechos humanos.

El Relator se refirió también a la criminalización de defensores y defensoras y, previo a ello, habría descrito los largos procesos penales a los que se enfrentan y que son utilizados como una herramienta de intimidación nacional. También, abordó la alta tasa de impunidad en los crímenes cometidos contra defensores y defensoras, de los cuales el 97% siguen sin resolverse. 

Asimismo, elogió la decisión de la MACCIH-OEA de iniciar la investigación de la presunta corrupción del proyecto Agua Zarca al mencionar que “Berta Cáceres había denunciado, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de CLPI y otras violaciones conexas a los pueblos indígenas lenca”. De igual manera, subrayó la importancia de esclarecer las acusaciones de corrupción y los posibles vínculos con el asesinato de la líder indígena.

Paradójicamente, semanas antes a la visita de Forst, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, presidido por el juez Víctor Antonio Calix Ponce, falló a favor del ex alcalde de Intibucá acusado de violar el derecho a la CLPI de la comunidad de Río Blanco en el caso del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Esta acción se puede considerar como un ejemplo más de la negligencia por parte de las autoridades judiciales para garantizar un derecho autoejecutable y que no requiere una ley nacional específica para que el cumplimiento.

Con relación al trabajo de las defensoras y defensores, Michel Forst alaba la fuerza, determinación y resistencia de estas personas. No obstante, también dijo sentirse impactado por la magnitud y la diversidad de los ataques y la revictimización a la que se enfrentan las mujeres cuando buscan la protección y el acceso a la justicia. Cabe destacar que entre 2016 y 2017 se han reportado más de 1,232 ataques contra defensoras de derechos humanos, sus familias y sus organizaciones.

Pese a que el gobierno de Honduras no ha reaccionado oficialmente al informe y declaraciones de Michel Forst, es importante destacar que tampoco se han observado cambios sustanciales en la situación de defensores y defensoras de derechos humanos después de las recomendaciones de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz en el 2016. Por su parte, la sociedad civil hondureña tiene pocas expectativas en cuanto a cambios positivos tras las revelaciones que figuran en el informe del relator Forst. 

Es evidente que existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional en cuanto a la normativa de derechos humanos se refiere; no obstante, este tipo de misiones oficiales son significativas para elevar la voz a nivel nacional e internacional.

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