Mujeres exigen mayor inclusión en el Presupuesto General de la República 2018

Martes, Enero 30, 2018

Con el objetivo de reducir los femicidios e incentivar la participación productiva de las mujeres rurales, organizaciones feministas y campesinas exigieron que el Congreso Nacional apruebe un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (2018) capaz de atender las necesidades de las mujeres en Honduras, especialmente en el área de seguridad y al acceso de los créditos productivos dentro del sector rural.

Conformadas a través de una alianza, las organizaciones exhortaron a los legisladores reconocer las necesidades de las mujeres como una de las grandes prioridades del país, y que por lo tanto, el Presupuesto Nacional debe ser un instrumento para reducir las desigualdades de género que enfrenta la sociedad hondureña. 

Puntualmente, las mujeres demandaron a los congresistas aprobar este año 40 millones de lempiras para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios (UIMV), adscrita al Ministerio Público, así como una partida presupuestaria de 30 millones de lempiras para el funcionamiento inicial del Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), una iniciativa adjunta a la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Hace más de dos años el Congreso Nacional aprobó ambos proyectos, pero hasta la fecha no se le han etiquetado los presupuestos, 40 millones de lempiras para la Unidad y 30 millones para CREDIMUJER. El compromiso fue incluirlos en el presupuesto 2018, pero no han cumplido”, explicó Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina.

De cara al anteproyecto del Presupuesto para el 2018, el Plan Operativo Anual de la Secretaría de Desarrollo Económico incluyó el programa CREDIMUJER, con un monto de 30 millones de lempiras. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) consideró en el anteproyecto del Presupuesto General el mínimo de 5 millones.

“SEFIN aduce que, para realizar la rectificación, debía presentarse una estimación de la demanda de crédito por los 30 millones. Ante esa solicitud, presentamos un estudio técnico de la demanda de crédito del programa, a través de la que se demuestra que aún, 30 millones son insuficientes para los requerimientos de apoyo financiero para las mujeres rurales”, explicó Cruz.

El estudio se aplicó a una muestra de 64 grupos de campesinas, de un universo estimado de 50 mil mujeres en el país, considerando los cerca de 17 mil grupos de mujeres afiliadas a las organizaciones campesinas reconocidas.

Análisis presupuestario 2018

Al analizar la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República del año 2018, las organizaciones expresaron su preocupación al advertir que la planificación financiera para este año “sigue la misma ruta de cualquier presupuesto anterior, al no satisfacer la inversión social para atender y resolver las necesidades de los grandes grupos poblacionales, como son las mujeres”.

Realizado junto al Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el análisis presupuestario   señala que las prioridades del gobierno en 2018 no apuntan al gasto social, “es preocupante ver cómo el gasto militar crecerá en un 13%, representando el 53% del presupuesto en Defensa y Seguridad, siendo muy superior al 22% del sector Justicia. Bajo este enfoque de atención a los problemas, no es casualidad que el 93.5% de los femicidios permanezcan impunes al no haber investigación”, comentó Suyapa Martínez, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).

El documento también señala que la Deuda Pública equivaldrá al 24% del Presupuesto Nacional, mientras el Gabinete Sectorial de Defensa y Seguridad, seguirá siendo el de mayor dinámica de crecimiento en los últimos cuatro años, con un aumento para este año de 8,6%.

Además, el CESPAD señaló que el Presupuesto Nacional pasará de 228,778 millones de lempiras en 2017 a 242,733 millones para el 2018, lo que equivale a un incremento de 6%, un porcentaje inferior a los dos años anteriores, donde rondó el 11%.

“A pesar de los compromisos adquiridos y del aumento financiero anual, es una burla para la ciudadanía que el Gobierno niegue las partidas presupuestarias para la Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios (UIMV) y el Programa CREDIMUJER, dos proyectos que apenas representarían el 0.000024% del total del Presupuesto Nacional del 2018, y con los cuales se beneficiaría a millones de hondureñas”, comentó Cruz.

Las organizaciones señalaron que lo más destacable del presupuesto 2018 para los intereses y perspectivas de las mujeres es el aumento del presupuesto del INAM, quien desde 2015 hasta 2017 sufrió una reducción y luego un estancamiento en su asignación anual. Su presupuesto para 2018 será de 32,2 millones de lempiras, superior a los 22,5 millones de 2017, lo que representa un aumento de 43%, uno de los más grandes a nivel de entidades operativas del gasto.

“Aunque satisfactorio, el presupuesto del INAM para el 2018 es igual al de hace cuatro años. Aún así, con este aumento esperamos que el Instituto amplíe sus funciones, sobre todo que cumpla y se replantee su rol estatal para impulsar políticas, programas y proyectos a favor de las mujeres”, comentó Martínez.

Presupuesto para reducir los femicidios

El 28 de julio de 2016 el Congreso Nacional reformó la Ley del Ministerio Público, con el objetivo de aprobar la creación de la Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios (UIMV). El primero de diciembre de ese mismo año fue publicado en La Gaceta, bajo Decreto 106-2016.

La iniciativa fue admitida como una medida para fortalecer la investigación institucional de los femicidios. El decreto estipuló que la UIMV dependería de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), asignándole en teoría una partida inicial de cinco millones de lempiras, sin que se realizara ese primer desembolso, de un total de 40 millones de lempiras expuestos en el proyecto. 

“En 2007 se formaron unidades de investigación similares en siete departamentos del país, pero desaparecieron por falta de presupuesto. La creación de la Unidad en el 2016 renovó las esperanzas para fortalecer la investigación de los femicidios, pero después de dos años, no ha habido voluntad política para ejecutar esta iniciativa aprobada por el mismo Congreso Nacional. La falta de presupuesto solo demuestra el desinterés del Estado en reducir estos crímenes”, comentó Suyapa Martínez.   

Desde enero de 2005 hasta octubre de 2017 fueron asesinadas 5,168 mujeres hondureñas, de los cuales el 93.5% de esos crímenes permanecen en la impunidad, “frente a esta problemática, la Fiscalía apenas cuenta con 5 fiscales asignados para atender todos estos casos, representando menos del uno por ciento de la fuerza de fiscales del Ministerio Público, nosotras nos preguntamos cómo es posible que no haya voluntad política para fortalecer su estructura de investigación”, exclamó Cruz. 

A pesar de un leve decremento en la cantidad de femicidios en el último año, Honduras sigue siendo el séptimo país del mundo con la tasa más alta de estos crímenes, “las cifras hablan por sí solas, el promedio anual de femicidios en el país desde 2005 es de 430 mujeres asesinadas, mientras en un país como Costa Rica es de 14 por año. La implementación de la Unidad es crucial para las más de 4 millones de mujeres hondureñas”, expresó la coordinadora del CEM-H. 

30 millones para el beneficio de 2 millones de campesinas

Promovida por 28 organizaciones (campesinas, feministas, ONG y cooperativas), el 30 de septiembre del 2015, el CN aprobó la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), con el cual se beneficiaría a más de dos millones de mujeres del campo hondureño a través del otorgamiento de créditos para la producción agropecuaria.

La aprobación de la propuesta, publicada en La Gaceta el 14 de marzo de 2016, por Decreto No.110-2015, significó el primer paso para instalar una herramienta que proveería de créditos y asesoría técnica a las mujeres rurales con o sin tierra.

Cabe destacar que las mujeres rurales acceden a menos del 11% del crédito a nivel nacional, que 8 de cada 10 no tienen tierra propia para cultivar, que 6 de cada 10 viven bajo los niveles de la pobreza, mientras 4 de cada 10 mujeres son jefas de hogar. "Frente a este contexto se aprobó CREDIMUJER, pero después de tres años, el Congreso no desembolsa el presupuesto necesario para su implementación”, explicó Wendy Cruz.

Tras diversas reuniones con representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad responsable administrativa y presupuestariamente del Programa CREDIMUJER, las organizaciones informaron que los funcionarios públicos no han cumplido con sus compromisos, “por ello exigimos que el Congreso apruebe directamente los 30 millones dentro del Presupuesto Nacional de este año, que no posterguen su responsabilidad”, comentó Cruz.

El informe presentado expresa que el gabinete de Desarrollo Económico mantendrá para el presente año un crecimiento de 5,6% en el Presupuesto Nacional, “esa es una buena noticia para el programa CREDIMUJER ya que de esa entidad depende su ejecutoria. Pero sabemos que todo obedece a la voluntad política de sus funcionarios”, comentó Gustavo Irías, director de CESPAD.

Recientemente, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que el CN recibió del Ejecutivo un proyecto de ley para reformar el acceso al crédito en los sectores del agro, el turismo y la viviendo, poniendo a disposición 8,000 millones de lempiras por año. “El mandatario habló de apoyar a las campesinas con créditos productivos, asignarle los 30 millones al Programa CREDIMUJER pone a prueba su voluntad política y la del CN”, comentó Wendy Cruz. 

Contacto: 

Karen Arita en Tegucigalpa, Honduras: karen.arita@oxfam.org | (+504) 2239-2120 o 2235-5688

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