Por un Acuerdo con Principios

Sociedad Estado y Empresa - Por Un Acuerdo Con Principios
Autor: 
CEHPRODEC, FOSDEH, OXFAM
Fecha de publicación: 
Jueves, Mayo 30, 2019

El 2011 no fue un año cualquiera para los Derechos Humanos, con la aprobación en las Naciones Unidas de los «Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos», se dio un importante paso a nivel mundial para fijar las responsabilidades estatales y empresariales sobre el ámbito social.

Su implementación pretende prevenir los efectos negativos de las empresas sobre los Derechos Humanos y garantizar que sean remediados cuando han sido violentados, en otras palabras, es un marco internacional para construir una «globalización socialmente sostenible», donde el bienestar del ser humano esté por encima de toda actividad económica privada que pueda perjudicarle.

Los Principios Rectores de la ONU colocan al Estado como el responsable de proteger los Derechos Humanos, a la Empresa Privada en su obligación de respetarlos, y a la sociedad en su derecho de ser remediada ante cualquier violación de sus derechos. Debido a su incumplimiento, estos tres pilares tienen una especial importancia en Honduras.

En nuestro país, donde la desigualdad contrasta con un Estado reducido y coludido con las élites económicas y políticas (al punto que el Presupuesto General de la República es comparable con el capital de sus cinco principales grupos empresariales, frente a un Estado que invierte más en armas que en salud), el tema de los Derechos Humanos frente a las actividades económicas privadas, es cada vez más urgente de abordar.

Con suma preocupación, las organizaciones que impulsamos la Campaña «Sociedad, Estado, Empresa: Por un Acuerdo con Principios», hemos señalado en los últimos años, los conflictos sociales existentes en prácticamente todo el territorio nacional, relacionados con la instalación de proyectos privados de extracción y explotación de los recursos naturales.

Que el Estado hondureño y la Empresa Privada (nacional e internacional) promueven un modelo extractivista, es una realidad. Hasta 2018, se registraron 540 concesiones mineras, 307 proyectos de generación de energía y una de explotación de hidrocarburos. Visto desde otro enfoque, 65% de los municipios cuentan con áreas concesionadas y 36% de los ríos a nivel nacional, podrían afectarse por estos proyectos.

No estamos en contra del uso económico de los bienes naturales, siempre y cuando cuente con el consentimiento de la población, que sea responsable con el medioambiente y socialmente sostenible. Lo que advertimos, es que el fomento público de la explotación privada de los bienes en Honduras genera beneficios para unos pocos y una conflictividad para muchos, causada por la violación de los Derechos Humanos en las poblaciones más vulnerables.

En lo que coincidimos, es que con estos conflictos perdemos todos: el Estado no asegura un clima idóneo de negocios y disminuye su recaudación fiscal, la Empresa Privada pierde su inversión, mientras la ciudadanía es víctima de violaciones a sus derechos fundamentales. De ahí la urgencia que haya un consenso entre
estos tres actores.

Por lo tanto, respaldamos la necesidad de construir en Honduras un Plan de Acción Nacional (PAN), con verdadera participación de todos los actores, que visibilice y materialice los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, considerándolos como una guía para redefinir los roles, las responsabilidades y los derechos de cada sector.

Estamos conscientes que este proceso parte de un clima de desconfianza, por lo que la construcción del PAN debe tener lineamientos y condiciones inalienables, donde el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), asuma su liderazgo como actor principal y no como facilitador en la formulación del PAN.

Para generar confianza en la sociedad, es primordial que el Estado fomente desde ya debates participativos, incluyendo la posición crítica de las comunidades y las organizaciones civiles, considerando sus posturas en la versión final del PAN; no como sucedió en otros países latinoamericanos, donde se les consultó solamente para validar el proceso. También tenemos presente el precedente del anteproyecto de Ley de Consulta Previa, cuando el documento enviado a la Comisión de Energía del Congreso Nacional no contiene las observaciones de los pueblos indígenas y no coincide con la versión que divulgó el gobierno con la sociedad.

Para garantizar un proceso participativo, son necesarias las acciones de buena fe por parte del Estado y de la Empresa Privada, como detener la criminalización y las estrategias para desprestigiar a las personas, a las comunidades y a las organizaciones que defienden los derechos humanos, para que éstas tengan la confianza de participar en igualdad de condiciones en la construcción del PAN.

Esta situación se complejiza con la militarización que existe en el país, con la criminalización de la protesta y con la impunidad en la que se dan las constantes agresiones y asesinatos en contra de los defensores y las defensoras de los Derechos Humanos, en su mayoría, relacionados con la defensa del medioambiente, de la tierra o del territorio.

Exhortamos al Estado para que el proceso de la formulación del PAN sea transparente y socializado de igual forma entre los tres sectores, donde todos podamos acceder a la información necesaria, para que el proceso no se defina a espaldas de la ciudadanía, como sucedió por ejemplo, con la Ley de Minería o con todo lo que se oculta detrás de la Ley de Secretos.

Además, creemos que el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), es crucial en todo este proceso, ya que ha demostrado tener credibilidad, capacidad y conocimiento sobre los conflictos sociales que hay en los diversos territorios del país.

Coincidimos con la Empresa Privada en considerar este proceso como una oportunidad para que el Estado transmita un mensaje de apertura y confianza, cumpliendo con sus responsabilidades para beneficiar la inversión privada responsable y sobre todo, por el respeto de los Derechos Humanos de la ciudadanía.

En conclusión, exigimos que el Estado promueva las condiciones necesarias para que la construcción del PAN, sea un proceso que contribuya a restablecer la confianza entre estos tres actores, dando como resultado un acuerdo con principios, para el bien de todo el país.

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