Justicia y Transparencia: Solicitudes de la familia de Berta Cáceres a comunidad internacionales

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A más de tres años del asesinato de la defensora de los derechos indígenas, Berta Cáceres, su familia no se rinde en la búsqueda de justicia. 

Con el acompañamiento de Oxfam y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) la familia de Berta dialogó con representantes de organismos internacionales y funcionarios del gobierno de Estados Unidos; entre quienes figuran la Presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

En dos días de intensas reuniones, Austra Bertha Flores, madre de la lideresa ambientalista, y hermanos exigen apoyo internacional para presionar al Estado hondureño para que se garantice el debido proceso en los juicios contra los acusados por del crimen contra Berta, se realice una investigación transparente y exhaustiva de todos los autores intelectuales y se respalde y fortalezca las investigaciones de la MACCIH-OEA sobre proyectos que Berta denunció por irregularidades.

La familia Cáceres Flores entregó una carta abierta a los funcionarios y representantes con quiénes se reunieron: 

 

SOLICITUD DE LA FAMILIA DE BERTA CÁCERES

De parte de toda la familia de Berta, muchas gracias por recibirnos. Valoramos profundamente el seguimiento e interés que ustedes han demostrado tener, para que el asesinato de mi hija no quede impune y sea un caso emblemático para cambiar la situación que vive Honduras.

El crimen en contra de Berta Isabel Cáceres en marzo de 2016, evidenció la desprotección e inseguridad jurídica que enfrentan los y las defensoras ambientalistas y de derechos humanos en Honduras, además, retrató la violencia del modelo extractivista que se impone en el país.

En Honduras, la repartición del territorio para beneficio privado afecta a millones de personas. Hasta 2018, 64% de los municipios tenían áreas concesionadas para la minería o generación de energía. Y esto no lo sabe ni la misma gente que vive en esas zonas.

Nosotros no estamos en contra de la explotación de los recursos naturales, siempre y cuando esta sea respetuosa con el medioambiente, sostenible y consensuada. Pero en Honduras, los proyectos extractivistas, muchos de ellos con inversiones de Estados Unidos, no se consultan con las comunidades, especialmente con los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Mientras el gobierno pregona que Honduras está abierta a los negocios, organizaciones nacionales e internacionales denuncian la violencia que enfrentan quienes defienden el medioambiente. En apenas siete años, más de 120 personas fueron asesinadas por hacer uso de sus derechos como defensoras de las comunidades y de los bienes comunes.

La investigación del caso de Berta evidencia la impunidad y de la corrupción predominante en el país, donde el poder político, económico, legislativo y judicial, se confabulan para proteger intereses particulares. Para enfrentar esta situación, es crucial lo que pueda y le permitan hacer a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien en más de tres años ha demostrado que es posible avanzar positivamente sobre estos desafíos.

En marzo de 2019, el Ministerio Público y la MACCIH presentaron el caso «Fraude sobre el Gualcarque», una investigación que partió de las más de 40 denuncias presentadas por Berta Cáceres, quien no se cansó de denunciar las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de los recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes. Los resultados de esta investigación muestran una red de corrupción que desencadenó en su asesinato. La acusación involucra a 16 personas, quienes presuntamente cometieron delitos en perjuicio del Estado, al autorizar a la empresa DESA la construcción de la represa «Agua Zarca» sobre el río Gualcarque.

Por lo tanto, hacemos las siguientes consideraciones con el objetivo de presionar internacionalmente a las autoridades hondureñas para que el crimen de Berta y los actos de corrupción alrededor del proyecto de «Agua Zarca», no queden impunes:

Solicitar a Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Honduras:

  • Demandar la pronta impartición de justicia para que se resuelvan los recursos pendientes y que el tribunal de sentencia dicte de manera inmediata las sentencias a las siete personas condenadas el 29 de noviembre de 2018 por el asesinato de Berta Cáceres.
  • Asegurar el debido proceso en el caso en contra el ex Gerente General de DESA, Roberto David Castillo Mejía, acusado como uno de los autores intelectuales del asesinato. La Corte de Apelaciones Penal declaró sin lugar la reposición de la defensa, por lo tanto, se debe formalizar el requerimiento fiscal en su contra, para proceder sin más atrasos a la etapa de Juicio Oral y Público. Además, el imputado es uno de los 16 acusados por la UFECIC-MP por haber cometido actos de corrupción en el proyecto “Agua Zarca”.
  • Asegurar el debido proceso en el caso «Fraude sobre el Río Gualcarque» contra 16 personas, y que sea remitido específicamente a los Juzgados y Tribunales anticorrupción, impulsados por el Poder Judicial y la MACCIH-OEA.

A Mauricio Oliva, Presidente del Congreso Nacional de Honduras:

  • Debatir y aprobar la “Ley Berta Cáceres” que pretende anular el contrato del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», como un precedente en la lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones y la violación contra los derechos de los pueblos indígenas.
  • El aumento del presupuesto de la UFECIC y la Fiscalía de las Etnias, para que puedan cumplir a cabalidad con sus mandatos dentro del Ministerio Público.
  • Asegurar la aprobación de una ley de consulta libre, previa e informada que cumpla con los estándares internacionales y recoja las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas

Al Presidente Juan Orlando Hernández:

  • La renovación del convenio de la MACCIH en enero de 2020 con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión.

A Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República:

  • Continuar con las investigaciones, asignando todos los recursos necesarios, para llevar a juicio a todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
  • Investigar las más de 40 denuncias que presentó Berta Cáceres, correspondientes a proyectos hidroeléctricos con posibles problemas de ilegalidad, abuso de autoridad y fraude en sus concesiones.
  • Es fundamental que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) contacte a las personas que tienen información clave sobre la participación de los autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres. Muchos de ellos nos han contactado y están en la disposición de brindar la información al Ministerio Público para fortalecer las acusaciones en los juicios que se desarrollan.

Al gobierno de Estados Unidos, OEA y demás donantes:

  • Mantener el apoyo político y financiero a la MACCIH
  • Mantener la observación de representantes de sus embajadas en el juicio oral y público de Roberto David Castillo Mejía.
  • Asegurar la continuidad de la investigación de la MACCIH-UFECIC en el caso “Fraude sobre el Río Gualcarque”.
  • Que se solicite al Presidente Juan Orlando Hernandez la renovación del Convenio de MACCIH-OEA, con las mismas condiciones que actualmente se desempeña la misión.

Como hondureños y hondureñas que buscamos la justicia y la verdad, reconocemos que nuestro país vive una situación legal y política muy delicada, la que se ve reflejada en el aumento de la migración ciudadana hacia el exterior. Por eso, es importante lo que puedan hacer sectores como ustedes para revertir esta situación.

Gracias,

FAMILIA DE BERTA CÁCERES

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