Autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres también deben ser investigados

Miércoles, 4 Diciembre, 2019

El 2 de diciembre, el Tribunal de Sentencia dio lectura de la sentencia a las siete personas declaradas culpables en noviembre del año pasado por el asesinato de Berta Cáceres y tentativa de asesinato contra Gustavo Castro.

Oxfam reconoce la labor de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por lograr penas de entre 30 y 50 años en contra de los autores materiales del crimen. También reconocemos que este primer paso hacia la justicia solo ha sido posible por la presión ejercida por la familia Cáceres Flores y el COPINH, con el apoyo de una gran red de aliados a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, sigue siendo justicia a medias. Aún hace falta investigar, juzgar y sancionar a todas las personas involucradas en el asesinato; particularmente, a los autores intelectuales. En su fallo, el Tribunal de Sentencia demostró que en el asesinato de Berta Cáceres participaron un alto ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras. Además, concluyó que el asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa DESA, como represalia al trabajo de resistencia que desarrolló el COPINH en la defensa de los territorios indígenas; y, específicamente, del río Gualcarque.

Uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato – Roberto David Castillo Mejia, ex Gerente General de DESA – fue capturado tratando de salir del país en marzo del 2018. A dos años de su captura y su juicio aún no ha comenzado. La Corte Suprema de Justicia y su presidente – Rolando Argueta – deben asegurar que se resuelvan de inmediato los recursos pendientes en la Corte de Apelaciones Penal para proceder sin más atrasos a la etapa de Juicio Oral y Público.

Tal como ha dicho el COPINH, “la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales”. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a otras personas plenamente identificadas como partícipes en el asesinato de Berta Cáceres. Es responsabilidad del Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, continuar con las investigaciones, asignando todos los recursos necesarios para llevar a juicio a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Finalmente, es importante asegurar el debido proceso en el caso «Fraude sobre el Río Gualcarque», el cual señala a 16 personas por una diversidad de presuntos delitos para lograr que la empresa DESA fuese beneficiada con los contratos requeridos para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Urgimos al Estado de Honduras sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones que vulneran los derechos y decisiones de los pueblos originarios; así como poner fin a la criminalización y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos.