El 17 de enero de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa declarando que no se renovaría el mandato de la Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). Las empresas y los funcionarios públicos temerosos de las investigaciones de la MACCIH de sus prácticas corruptas a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) habían ganado.

Hace cinco años, Honduras estaba en una encrucijada. Por un lado, el statu quo podría mantenerse para que los funcionarios públicos y los empresarios corruptos pudieran seguir robando fondos públicos para enriquecimiento personal, poder político o ambos, ya sea a través de legislación hecha a la medida, ONG de maletín o procesos ilícitos de contratación. O el país podría establecer un organismo anticorrupción similar a la CICIG en Guatemala, encargado de investigar la corrupción institucionalizada y redactar leyes para fortalecer las instituciones gubernamentales y prevenir las prácticas corruptas que durante décadas han robado recursos al pueblo hondureño destinados a mejorar sus vidas y sacarlos de la pobreza.

La presión nacional e internacional obligó al presidente Juan Orlando Hernández y al Congreso Nacional de Honduras a aceptar el establecimiento de la MACCIH, con el apoyo de la OEA y financiado por los Estados Unidos y otros países donantes. Hartos de la corrupción, los hondureños estaban en las calles con antorchas protestando por el saqueo de 300 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El gobierno de Obama identificó la corrupción como una de las causas del aumento de la llegada de migrantes hondureños – incluyendo menores no acompañados – a la frontera entre Estados Unidos y México en 2015. De mala gana, el gobierno del presidente Juan Hernández firmó un acuerdo con la OEA en enero de 2016.

Fue con la creación del MACCIH que se formó la Unidad del Fiscal Especial del Fiscal General contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC). A pesar de los obstáculos legislativos y judiciales, la MACCIH-UFECIC investigó casos importantes relacionados con el lavado de dinero, el fraude, el soborno y el tráfico de influencias por parte de funcionarios públicos y corporativos y sus familiares. Estos casos relacionados con el robo de más de US$ 12.6 millones incluyeron el IHSS, la Red de Diputados, la Caja Chica de la Primera Dama, el Pacto de Impunidad, el Caso Pandora y el Fraude sobre el Rio Gualcarque, la concesión fraudulenta del proyecto hidroeléctrico denunciado por Berta Cáceres antes de su asesinato en marzo del 2016. La MACCIH también redactó legislación que fortalecería la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción, como la ley de colaboración eficaz.

Con cada paso adelante de la MACCIH-UFECIC, muchos diputados del Congreso Nacional hondureño trabajaron para limitar o debilitar su trabajo. Por ejemplo, diputados votaron para reducir el castigo por cargos relacionados con corrupción en el nuevo código penal. De igual forma, se negaron a derogar o reformar la ley de secretos oficiales, para promover la transparencia y facilitar la fiscalización de los fondos públicos. Una ley de colaboración eficaz, pieza clave para desbaratar las redes de corrupción, fue presentada al Congreso en diciembre del 2016, pero nunca fue debatida y mucho menos aprobada por los diputados. Recientemente aprobaron medidas para protegerse del enjuiciamiento por cargos de corrupción. Por su lado, el Poder Judicial ordenó a la UFECIC que dejara de investigar al presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Y en diciembre de 2019, los diputados del Congreso Nacional votaron por recomendar que se suspendiera la MACCIH por presuntamente violar la constitución y exceder sus poderes.

El mandato del MACCIH podría haberse renovado fácilmente con un intercambio de cartas firmadas por el secretario de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Hernández. Pero la reacción de las fuerzas poderosas en Honduras resultó demasiado grande y la misión cerró sus puertas el 19 de enero de 2020.

Hay varias razones por las cuales esto es importante. Primero, es un serio revés en la lucha anticorrupción en Honduras. Si bien la UFECIC se colocó bajo los auspicios de la oficina del Fiscal General (ahora se llama Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción, UFERCO), esta unidad fiscal ya no tendrá el apoyo y protección política de MACCIH. En segundo lugar, donantes multilaterales continúan aprobando préstamos multimillonarios al gobierno hondureño con salvaguardas inadecuadas. Una reciente publicación del Banco Mundial ha encontrado fuertes evidencias de desvío de fondos de donantes multilaterales a paraísos fiscales, sobre todo cuando estos fondos se dan a países con controles débiles sobre la corrupción. Finalmente, la corrupción ha robado a muchos hondureños su posibilidad de tener un futuro en su país. Las detenciones de hondureños en la frontera de los Estado Unidos aumentaron en un 330 por ciento en 2019 y las deportaciones superaron los 100,000 por primera vez. Esto demuestra el nivel de desesperación e impotencia que muchos sienten y explica su decisión de migrar aun conscientes de los peligros en el camino y las barreras impuestas por los Estado Unidos.

Con la democracia bajo amenaza en muchos países de América Latina, es difícil saber cómo presionar eficazmente al gobierno hondureño para que tome medidas positivas para combatir la corrupción. Si bien mucho dependerá de la indignación del pueblo hondureño, la comunidad internacional de donantes puede suspender su cooperación con el gobierno de Honduras (se puede mantener a través de organizaciones de la sociedad civil hondureña), revocar las visas de los funcionarios y sus familiares que habrán cometido o beneficiado de actos de corrupción. En segundo lugar, los gobiernos pueden instruir a sus directores ejecutivos ante el Banco Mundial, el BID y el FMI para que impongan requisitos más estrictos en la firma de acuerdos y sobre el desembolso de préstamos. Por último, la comunidad internacional de donantes debe exigir que el trabajo de UFERCO esté protegido, dotado de recursos y sin interferencia de las fuerzas corruptoras. Se necesitan medidas urgentes a nivel internacional y nacional para detener la corrupción generalizada en Honduras.