Forzados a salir, con derecho a vivir

El 2020 fue un año difícil en todo el mundo. En Honduras, la pandemia del coronavirus (Covid-19) y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, evidenciaron y agudizaron los problemas estructurales que enfrenta la ciudadanía, tales como la pobreza, la desigualdad de género, la corrupción, los efectos del cambio climático y la violencia e inseguridad.

Lamentablemente, las proyecciones a mediano plazo no son alentadoras. Si el año anterior fue difícil, el actual se advierte aún más complejo, previéndose que 860 mil personas pueden perder sus empleos y la pobreza alcanzaría al 74% de la población, como consecuencia del mal manejo de las crisis. A esto se suma la conflictividad social que puede desencadenarse alrededor del proceso electoral de 2021.

Bajo este contexto, el año inició con miles de compatriotas emigrando hacia Estados Unidos, a través de caravanas que reflejan la situación de vulnerabilidad social y económica predominante en Honduras. Debido a estas razones, actualmente el 8.5% de la población hondureña es emigrante y unas 250 mil personas han sido desplazadas forzosamente en el territorio nacional.

No cabe duda que Honduras enfrenta uno de los casos de movilidad humana más preocupantes a nivel mundial. Si bajo condiciones «habituales», unos 300 hondureños(as) emigraban diariamente hacia Estados Unidos, la situación actual incrementaría considerablemente este flujo migratorio durante el 2021.

Es bajo este contexto que el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), con el apoyo de Oxfam en Honduras, lanzamos la Campaña «Forzad@s a salir, con el derecho de vivir», una iniciativa orientada a romper el desconocimiento, la indiferencia y el silencio alrededor de la migración y el desplazamiento forzado.

Desde la campaña advertimos que el incremento de la migración y del desplazamiento forzado coloca al país a las puertas de una crisis humanitaria, por lo que es urgente un mayor reconocimiento nacional e internacional para prevenir y atender estas problemáticas.

El Estado hondureño debe de tomar medidas para prevenir y proteger a las personas migrantes, asegurando el enfoque de género e inclusión para los grupos que enfrentan una doble vulnerabilidad, como la niñez que viaje sin acompañantes, las mujeres embarazadas, las personas indígenas y afrodescendientes, la comunidad LGTBI, las personas con discapacidad, la población de la tercera edad, entre otros.

Exigimos que el Estado defina y apruebe políticas públicas integrales al tema migratorio, del desplazamiento forzado y en vías a reducir la pobreza, en lugar de optar por modelos de seguridad que criminalizan a las personas en movilidad y niegan opciones de integración a los desplazados(as) forzadamente.

Más que respuestas oficiales asistencialistas, demandamos medidas de fondo, iniciando por garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad en todo el ciclo migratorio: origen, tránsito, destino y posible retorno.

Urgimos al Congreso Nacional aprobar lo antes posible el anteproyecto de Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas forzadamente, que mantiene engavetado desde marzo de 2019. Con su aprobación, el Estado reconocería los derechos de más de 250 mil ciudadanos(as), restituyendo sus derechos y facilitando los mecanismos de protección y asistencia para estas personas.

El anteproyecto de ley enfatiza que la atención y protección de la población desplazada es una obligación primaria del Estado, y recuerda que atender esta problemática es una necesidad imperante para el bienestar de la ciudadanía. Además, si el Congreso Nacional aprueba la propuesta, se cumpliría con las recomendaciones realizadas por varios mecanismos regionales y universales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes enfatizan en la adopción de un marco legal específico para la atención de la población desplazada.

Encontrar respuestas adecuadas será posible si el Estado genera las condiciones para entablar un diálogo participativo con las organizaciones de la sociedad civil, con los comités de familiares de migrantes, con personas migrantes y familias desplazadas, para que ellas asuman el rol de protagonistas en la gestión de las propuestas. Si no se toman estas medidas, seguirá en aumento el desplazamiento forzado, y las caravanas de personas migrantes que salieron durante el mes de enero, serán apenas el preludio de otras que le sucederán.

Finalmente, esta Campaña reitera su llamamiento para que las autoridades cumplan con sus responsabilidades y para que la ciudadanía colabore para dar asistencia humanitaria a las personas en movilidad, fortalecer las redes de apoyo, y a respaldar todas aquellas iniciativas legales que tiendan al respeto de sus derechos humanos.