Esta tierra es nuestra

Más de 6,000 campesinas y campesinos están procesadas judicialmente por conflictos relacionados al acceso a la tierra y más de 120 fueron asesinados/as. Danny Barrientos / Oxfam en Honduras
Autor: 
La Vía Campesina - Honduras / Oxfam en Honduras
Fecha de publicación: 
Viernes, Noviembre 30, 2018

Para el grupo "9 de Julio" la ecuación es simple: recuperar una finca y trabajar la tierra para producir alimentos para su sustento. Las 29 familias que conforman el colectivo recuperaron 35 hectáreas de tierra ociosa en el municipio de San Pedro de Tutule. Distribuyeron la propiedad en parcelas, construyeron sus hogares y sembraron hortalizas, verduras y café. 

Para el Estado de Honduras, la fórmula es diferente: la ocupación es ilícita y las familias deben ser desalojadas. Avalados por el Poder Judicial, 12 patrullas de la Policía Nacional y 80 militares del ejército incendiaron las casas, cortaron los cultivos y dispararon a mansalva.

El desalojo forzoso solo debe ocurrir en caso de extrema necesidad y conforme a principios de legalidad, pues limita los derechos civiles y políticos de las víctimas e intensifica los conflictos sociales. Sumado a ello, el uso de la fuerza y armas ponen en riesgo el derecho a la vida y a la seguridad personal. Las más afectadas, y quienes se suelen llevar la peor parte de los abusos durante los desalojos forzosos, son las mujeres. 

En Honduras, actualmente hay más de 6000 campesinos y campesinas procesadas judicialmente por conflictos relacionados al acceso a la tierra y más de 120 activistas agrarios/as fueron asesinados. Ante la violencia que sufre el campesinado, organizaciones rurales y sociales como la Vía Campesina, presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos una propuesta de Protocolo de Desalojos No Violentos, apegada a los derechos humanos y pactos internacionales firmados por Honduras. 

Enlace permanente: https://oxf.am/2FnnvPo